La Generalitat evaluará la tarea de docentes y direcciones y podrá revisar los proyectos, sustituir a las personas y retirar recursos
03/12/2009 | LA VANGUARDIA | Ciudadanos
Barcelona. (EFE).- Las escuelas e institutos públicos y concertados de Catalunya deberán elaborar en un plazo de cuatro años un proyecto educativo en el que fijarán sus objetivos académicos, de cuyo cumplimiento dependerá en parte los recursos que reciban de la Generalitat.
Ésta es una de las novedades que recoge el borrador del proyecto de decreto de autonomía de centro que ha preparado el Departament d"Educació y que podría ser aprobado por el ejecutivo catalán en el plazo de unos cuatro meses, según ha informado esta consellería.
La Agencia de Evaluación de la Educación de la Generalitat será la encargada de evaluar cada cuatro años en qué medida se cumplen los objetivos fijados en el proyecto educativo de cada centro, en virtud de unos indicadores que todavía deben aprobarse.
El departamento que dirige Ernest Maragall baraja considerar como indicadores de progreso de una escuela o instituto los resultados académicos de las evaluaciones externas que se realizan o, por ejemplo, el grado de satisfacción de las familias, para lo que se pasará una encuesta a los padres de los alumnos.
Además, se tendrá en cuenta el absentismo escolar, la cohesión de los equipos directivos, la cohesión social y el porcentaje de alumnos que siguen estudios postobligatorios, todo ello en el contexto del entorno socioeconómico de cada escuela.
Para poder aplicar con garantías un determinado proyecto educativo, los centros podrán establecer acuerdos con la Generalitat que les otorgará recursos económicos y humanos adicionales, si lo considera necesario.
Evaluación de la actividad de los centros
La Agencia de Evaluación de la Educación de la Generalitat será la encargada de evaluar cada cuatro años en qué medida se cumplen los objetivos fijados en el proyecto educativo de cada centro, en virtud de unos indicadores que todavía deben aprobarse.
El departamento que dirige Ernest Maragall baraja considerar como indicadores de progreso de una escuela o instituto los resultados académicos de las evaluaciones externas que se realizan o, por ejemplo, el grado de satisfacción de las familias, para lo que se pasará una encuesta a los padres de los alumnos.
Además, se tendrá en cuenta el absentismo escolar, la cohesión de los equipos directivos, la cohesión social y el porcentaje de alumnos que siguen estudios postobligatorios, todo ello en el contexto del entorno socioeconómico de cada escuela.
Para poder aplicar con garantías un determinado proyecto educativo, los centros podrán establecer acuerdos con la Generalitat que les otorgará recursos económicos y humanos adicionales, si lo considera necesario.
Evaluación de la actividad de los centros
Por primera vez, se impondrá así una evaluación de la actividad de los centros, tanto interna como externa, que relacionará los resultados educativos con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los recursos con su gestión.
La Generalitat, que evaluará tanto la tarea de los docentes como las de las direcciones, podrá revisar, en función de los resultados, los proyectos educativos de las escuelas, sustituir a las personas con responsabilidades e incluso retirar los recursos adicionales que haya recibido un centro.
En el caso de resultados positivos, se reconocerá a los docentes de los centros con grados en su carrera profesional, lo que implica también un incremento del sueldo.
El proyecto educativo de centro deberá también recoger su proyecto lingüístico, la carta de compromiso educativo que firmarán las familias y concretar la manera cómo desarrollará los currículos, además de los criterios que orientarán las medidas organizativas.
Autonomía a los centros
En el ámbito de la autonomía pedagógica y de organización, el borrador del proyecto de decreto da a las escuelas un amplio margen de maniobra hasta el punto de que les permite cambiar la actual distribución de áreas o materias, tanto por cursos como por etapas, e incluso romper el actual agrupamiento de alumnos por edades.
Fuentes del departamento han subrayado que el objetivo último es buscar la mejora del rendimiento académico de los alumnos, que alcancen las competencias mínimas y si es posible las superen, mientras que se considera secundario la manera como eso se consiga.
En este sentido, un centro podrá incluso implantar un proyecto didáctico propio que requiera una organización horaria de las materias diferentes de las establecidas con carácter general, aunque para ello tendrá que contar con la autorización previa de la Generalitat.
El borrador de proyecto de decreto establece que existirán tres cargos directivos obligatorios (director, jefe de estudios y secretario) y otorga al director la potestad de imponer sanciones disciplinarias por faltas leves al personal del centro.
La dirección de los centros públicos propondrá a la Generalitat la plantilla que necesitan y podrá proponer también los requisitos de titulación y capacitación profesional de los docentes para determinados lugares de trabajo.
El director podrá nombrar también al personal interino para cubrir sustituciones, lo que le convertirá, según fuentes del departamento, en un "jefe de personal".
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